Presente y futuro de la comunidad trans: entrevista a Gianna Camacho

Toda acción estatal es resultado de un diagnóstico previo sobre la población objetivo, la cual se encuentra afectada por exclusión y/o vulnerabilidad. Sin embargo, para la comunidad trans el panorama es complicado pues no se cuentan con datos certeros sobre su situación actual. En el Perú, según la Encuesta para Personas LGBTI realizada en 2019, el 16% de los participantes se identificaron como transgénero, transexuales o no binarios. Lamentablemente, no es posible dimensionar este porcentaje en un número real de personas. Ante la falta de información y datos, resulta complicado entender la proporción y magnitud de la comunidad trans en el país.

 

Sumado a ello, diversas propuestas legislativas y ciudadanas orientadas a modificar las normas en favor de las personas trans no encuentran eco. En 2016, las congresistas Glave y Huilca presentaron un Proyecto de Ley (PL) nº790 de Identidad de Género orientado a reconocer la identidad de género, incluir la auto identificación de género en los documentos administrativos y la RENIEC, favorecer el acceso a la salud e implementar medidas en contra de la transfobia de forma transversal en la administración pública. Luego de 5 años y tras su aprobación en la Comisión de la Mujer y Familia, el dictamen aún no es discutido en el Pleno del Congreso. De la misma forma, surgieron demandas por un Cupo Trans que permita abrir el campo laboral para las personas trans, tal como otros países de la región han implementado en los últimos años. Sin embargo, más allá de la incorporación de tal iniciativa en algunas instituciones como la Municipalidad de Lima, los cambios son puntuales y no se encuentran acompañados por un programa de soporte laboral integral orientado específicamente para las personas trans. Debido a esto, los pequeños avances realizados no alcanzan a la totalidad de la población trans y no son parte de una política institucionalizada en favor de la comunidad.

 

Junto a ello, la sociedad peruana aún se encuentra poco sensibilizada con la situación de la comunidad trans. Como reflejo de ello, las expresiones de violencia escondida bajo burlas escalan a situaciones de abierta violación de derechos humanos sin mayores repercusiones institucionales. La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos elaborada en 2019 identificó a las personas trans como el grupo poblacional más discriminado en el país. La discriminación se traduce a su vez en estereotipos sobre la comunidad: casi la mitad de los encuestados considera que las personas son trans debido a traumas infantiles o confusiones. La exclusión se repite en diversos ámbitos. En lo laboral, solo un 37% estaría dispuesto a contratar a una persona trans en una empresa. Por su parte, encuestas encuentran que un 74% de la población trans se ha sentido discriminada por su identidad de género. 

 

La violencia no solo proviene de la sociedad, sino también del propio Estado: como recoge Promsex, un 25% de los planes distritales de seguridad ciudadana en Lima hacen referencia a la erradicación de “travestis” como indicadores evaluables. Igualmente, bajo el rótulo de “crímenes contra el pudor” y guiados por estereotipos validados por sus planes institucionales, diversos gobiernos locales persiguen a las personas trans y violan sistemáticamente su derecho a la libre circulación en el espacio público. En ese sentido, casos de violencia transfóbica ejercida por miembros de la Policía no son extraños: el caso más notorio es el de Azul Rojas, ciudadana víctima de tortura física y verbal por parte de efectivos en 2009. Sumado a la violencia institucional, dichos actos terminan en la impunidad: la demanda ha sido llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la negativa del Estado peruano, en sus distintas instancias, de aceptar la denuncia de Rojas. 

 

En su conjunto, la exclusión sistemática que enfrenta ubica a la comunidad trans en una situación de vulnerabilidad endémica. Cabe resaltar que los ejemplos mencionados anteriormente se tratan de cuestiones vitales, cuyo avance garantizaría el acceso a los derechos sociales y económicos más básicos, entre ellos el derecho a la vida, la dignidad humana, el trabajo, la educación y la salud. Sin respuestas adecuadas frente al desalentador panorama, diversas figuras pertenecientes a la comunidad trans decidieron tomar la batuta e impulsar cambios desde distintas trincheras. 

 

Por eso, y en el marco de un mes del Orgullo reivindicativo, entrevistamos a Gianna Camacho, periodista y activista trans que durante los últimos años se ha involucrado en esferas institucionales y no institucionales con el objetivo de luchar por el reconocimiento de los derechos de la comunidad trans en el país.