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Implementación desigual en casos de violencia sexual: un análisis de la serie Unbelievable y la discrecionalidad a nivel de la calle
AUTORA: Daniela Anicama - Comisión de Investigación
Las políticas públicas diseñadas para resolver una multiplicidad de problemas requieren de un proceso de implementación adecuado capaz de reflejar el propósito de la política y lograr los objetivos de la misma. Los encargados de realizar este trabajo son los denominados “burócratas de la calle”, quienes interactúan de forma directa con los ciudadanos que reciben los bienes o servicios del Estado. Sin embargo, en este nivel ocurren situaciones que generan resultados distintos a los planeados por la política. Por ello, el ensayo busca identificar algunas características que explican la brecha de implementación de políticas a partir de dos episodios de la serie “Unbelievable”. En particular, se enfatizará en el rol de los burócratas de nivel de la calle, las lógicas que guían su accionar y las consecuencias que estas tienen al momento de proveer servicios públicos.
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La serie aborda el caso de Marie Adler, una joven que es víctima de una agresión sexual y decide reportar el hecho en una comisaria local. A raíz de su denuncia, la protagonista enfrenta situaciones negativas con los policías encargados de la investigación, con personal de servicios sociales y consigo misma. La situación llega a un punto tal donde la veracidad de su experiencia traumática es cuestionada y, por ende, Marie termina siendo denunciada por presentar un testimonio falso. En paralelo, otras tres mujeres en otros estados también son víctimas del mismo violador. A diferencia del caso de la protagonista, ellas reciben un trato diferenciado por parte de los policías, quienes logran arrestar al perpetrador. ¿Por qué ocurre esa brecha entre casos?
Brigitte Córdova Candiotti
En líneas generales, la discrecionalidad de los servidores públicos es una característica común para el caso de la primera víctima de agresión sexual y los otros tres casos. Sin embargo, esta es ejercida de forma distinta por los investigadores del episodio uno y el episodio dos. En el caso de la primera víctima -la protagonista-, desde el primer momento se encuentra con burócratas de la calle, especialmente policías, cuyo objetivo inicial es registrar denunciar, realizar investigaciones y dar con los responsables de la violación. Pero resalta una interacción durante el primer contacto posterior a la violación, donde el policía que arriba a la escena realiza una pregunta sobre la hora en que llegó a casa y añade un comentario inquisidor después de recibir una respuesta que considera “inadecuada” desde su punto de vista moral.
Este juzgamiento es repetido en un segundo momento por los dos detectives a cargo de la investigación, quienes ya durante el proceso de investigación tienen un tacto poco amigable con el caso de violencia sexual. Por ejemplo, inician a tomar declaraciones de la víctima en el mismo lugar donde fue agredida y le exigen llenar formularios sobre el ataque después de realizar numerosas diligencias en distintas agencias estatales (hospital, comisaría y hogar sustituto) en un mismo día.
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Asimismo, es clara la constante re victimización a la cual es sujeta la protagonista: debe contar su experiencia traumática en tres ocasiones a tres personas distintas debido a la falta de intercambio de información con el hospital. Esto forzó a la víctima a realizar nuevamente una tarea que ya había hecho. En este punto se puede identificar un fallo en el propio procedimiento, pero también de parte de los investigadores, pues tomar la iniciativa y evitar este esfuerzo adicional a la víctima era algo que estaba dentro de sus posibilidades gracias a la discrecionalidad con la que cuentan. Con esto, un proceso que originalmente buscaba recoger pruebas físicas que reafirmen una denuncia de violación como es el examen médico termina convirtiéndose en un espacio más donde se reproduce la estigmatización de, en este caso, una víctima.
Sin embargo, el ejercicio de clasificación y juicio no solo es realizado por los agentes policiales y judiciales, sino también por los servidores de servicio social e incluso personas no vinculadas al Estado directamente. Para las madres sustitutas de la protagonista, quienes ejercieron el rol de figura materna y disciplinadoras, su actitud no encajaba con la actitud de una víctima de violación. Una de sus madres narra a la policía cómo la protagonista se mostraba indiferente los días posteriores a la violación y no deprimida, mientras que otra reprochó a la protagonista por comprar unas sábanas del mismo color con las que había sido agredida en lugar de cambiarlas por otras.
Debido a ese pre concepto de “perfil de víctima de violación” que tenían ambas madres sustitutas, asumieron que todo el comportamiento “inusual” mostrado por la protagonista era una demostración que la denuncia fue hecha para llamar la atención. Así, se generó una categorización no oficial basada en valores morales e interpretaciones subjetivas sobre la situación que la protagonista afrontaba, y que llevaron a activar estereotipos sobre cómo debe actuar una víctima de agresión.
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A raíz de esa clasificación sesgada, el detective asume también una posición crítica frente a las declaraciones y el comportamiento de la víctima. Es a partir de este momento que la violencia y la subjetividad policial se institucionalizan, pues los detectives ahora se encuentran predispuestos a creer menos en la declaración de la protagonista. Por ende, utilizan cualquier inconsistencia minúscula dicha por la denunciante, pero que en la práctica no tiene relevancia para la investigación, como por ejemplo la forma en que llamó a uno de sus amigos a contarle sobre el ataque.
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De la misma forma, una vez que logran que la protagonista cambie su declaración y niegue que el ataque haya sucedido, resaltan su rol como policías al servicio de “personas que realmente lo necesitan”. Aquí se puede identificar el mecanismo de regulación moral que reproduce desigualdades en la implementación de política: los investigadores de forma implícita mencionan que su tiempo es valioso y está siendo malgastado en una persona que ha mentido y por ende no “merece” ser atendida por ellos. Con esto, se deja claro que las víctimas de violación solo pueden acceder al servicio policial si tienen ciertos comportamientos o características personales/familiares, algo que la protagonista no cumplía para los investigadores.
En contraposición, el caso de las otras dos víctimas es liderado por agentes estatales que emplean protocolos y realizan acciones discrecionales distintas al caso mencionado anteriormente. En el primer contacto con la víctima, la investigadora toma su declaración en un auto, el cual se presenta como un espacio privado y alejado del caos forense que había en el lugar donde ocurrió el ataque. Posteriormente, la detective intercala las preguntas sobre el ataque con comentarios que aligeran el tono de la conversación y se centran en el bienestar de la víctima. Durante todas las interacciones que establece con la denunciante, reafirma que no debe darle explicaciones y que cualquier decisión que tome es válida. Así, la burócrata de nivel de calle define las bases de la conversación en términos amigables y cómodos para la situación de la víctima.
Además, es posible establecer una comparación con el episodio uno, donde la categorización del caso de violencia sexual es desde el inicio vista desde una perspectiva poco atenta a los detalles. Al contrario, el episodio dos muestra una predisposición de la investigadora siempre en favor de la víctima: a través del trato que le brinda, humaniza y empatiza con su caso de forma particular. La individualización de su accionar demuestra una discrecionalidad donde se piensa a la víctima no como una usuaria sino como una persona sujeta de derechos, no beneficios.
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En esa misma línea, la investigadora no enseña a las víctimas un patrón de comportamiento que deben seguir para acceder a su tiempo. En su lugar, resalta a través de acciones y palabras que su integridad física y mental es la prioridad, incluso por sobre los procedimientos legales y policiales. Por ello, cuando la víctima cuenta más detalles sobre el ataque una vez terminada la primera entrevista con la policía, la investigadora no le cuestiona ni le reclama el tiempo que le tomó recordar esos detalles.
En otras palabras, en ambos casos los agentes cumplen con lo establecido en cuanto a procedimiento para recoger una denuncia de violencia sexual y llevar a cabo una investigación sobre los hechos. Pero la diferencia entre ambos casos radica en los efectos que tiene esta discrecionalidad. Mientras que, en el caso original, las subjetividades de los detectives respecto a la víctima, su comportamiento y su situación entraron en juego al momento de realizar sus labores, en el caso de las otras dos víctimas la detective adaptó los procedimientos a las necesidades y el contexto que trauma que vivió cada una de las sobrevivientes. Por lo anterior, el primer caso terminó en con la desestimación de la denuncia y el segundo caso se convirtió en una investigación compleja, exhaustiva e incluso interestatal.
La organización y las normas a seguir para ambos casos de violencia sexual fueron las mismas: se realizó una entrevista con las víctimas, se las derivó al examen médico y se recogió evidencia de la escena del crimen. Sin embargo, el ejercicio de discrecionalidad aplicado por los investigadores varió debido a algunos factores:
Primero, las características individuales de los policías son distintas. En el caso de la protagonista se enfrenta a detectives de sexo masculino cuya edad bordea los 50 años. Por su parte, las detectives del segundo caso eran todas de sexo femenino, y sus edades se encontraban entre los 35 y 45 años. Una de ellas es madre de dos niñas, características que junto con el factor sexo las acerca mucho más a empatizar y sensibilizarse con la situación de las víctimas. Incluso es notorio una suerte de involucramiento emocional de parte de una de las detectives, quien se reúne de forma informal con las denunciantes y se presta a conversar con ellas hasta altas horas de la noche. Todo esto no forma parte de su trabajo, pero son gestos y labores que realiza en el marco de un contexto más cercano a las ciudadanas a quienes sirve.
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En este punto se puede hacer una comparación entre las acciones de las investigadoras del segundo caso y las madres sustitutas del primero, pues si bien ambas son mujeres hay un detalle que las diferencia: una de las madres fue víctima de violencia sexual. A partir de propia experiencia, ella desarrolló un “perfil” de víctima basado en cómo actuó y cómo se sintió ella posterior al ataque. Con este perfil generado de forma subjetiva, la madre lo comparó con el comportamiento de la protagonista y realizó un juicio de valor sobre la denuncia de la protagonista.
Segundo, es importante resaltar que la primera víctima ya contaba con una relación previa con el Estado. Al formar parte de un programa juvenil y haber vivido con madres adoptivas desde joven, la protagonista tenía una experiencia con los servicios de ayuda social altamente precarizados. Su comportamiento ya se encontraba condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos y estándares (como tener un trabajo y asistir a actividades extra laborales) bajo los cuales podía acceder a sesiones de terapia, monitoreo de asistentes e incluso un hogar propio. En ese marco, antes de ser víctima de violencia sexual, ya había sido etiquetada por el Estado y sus burócratas de la calle como una persona “problemática”, proveniente de un entorno “disfuncional” y con experiencias traumáticas previas que debía ser convertida en ‘normal’.
De esa forma, todo el contacto que tuvo con el Estado supuso una carga que la forzó a adecuarse a ciertos estándares. Como consecuencia, la víctima no puede desarrollar su vida y su denuncia sin ser sujeta de cuestionamientos por su pasado “difícil” según el diagnóstico de las instituciones y funcionarios del Estado, y por su perfil de “beneficiaria” en lugar de ciudadana. Así, la desigualdad de la cual la protagonista ya es víctima termina replicándose a través de los mecanismos y las estrategias estatales diseñadas originalmente para protegerla.
Conclusiones
La serie "Unbelievable" desnuda una realidad de los servicios estatales a nivel local. La implementación de las políticas públicas diseñadas en niveles altos se define en los niveles bajos de provisión de servicios. En ese sentido, las diferentes trayectorias divergentes que ambos casos de violencia sexual tienen pueden ser explicados a partir del accionar de los actores locales: policias y funcionarios de servicios sociales. La discrecionalidad con la que estos actores ejercen sus labores define la forma en cómo los ciudadanos reciben un trato de parte del Estado. En el caso de Marie, afectó de forma negativa su vida e incluso llegó a perjudicar su estabilidad laboral y emocional. Mientras que en el caso del resto de víctimas, el impacto sobre su bienestar individual fue positivo. Con este análisis, por ende, es posible identificar las raíces de las desigualdades en políticas públicas orientadas a garantizar igualdad y justicia.