El camino de la participación política de las mujeres indígenas: un estudio a partir de las experiencias de Onamiap

AUTORAS: Daniela Anicama, Gianella Diaz y Valeria Betancourt - Comisión de Investigación

1. Introducción

La participación política de las mujeres es hasta el día de hoy objeto de debate y la inclusión de mecanismos para fomentarla es aún reciente; a pesar de ello, este problema ha logrado ser parte de la agenda pública. No obstante, cuando se habla de mujeres se cae en la homogeneización de dicha población sobre la base de un único factor de opresión: el sexo; por consiguiente, se deja de lado el hecho de que junto al sexo, la raza y la clase también constituyen factores que al superponerse configuran y reproducen desigualdades estructurales, lo que desemboca en una multiplicidad de formas de discriminación y exclusión. De esa manera, la opresión vivida por una mujer blanca no será la misma opresión padecida por una mujer afrodescendiente o, en este caso particular, una mujer indígena. En esa línea, los limitantes para el ejercicio pleno de la participación política de mujeres también varía; es así que los factores que limitan la participación de mujeres indígenas abarcan cuestiones como, por ejemplo, el sistema de usos y costumbres de sus comunidades.

Brigitte Córdova Candiotti

A partir de ello es preciso considerar que, de acuerdo con el Censo realizado en el 2017, la población que se autoidentificó como perteneciente a un pueblo indígena u originario de los Andes fue 24,9% de la población total censada, en el cual 48,5% fueron hombres y 51,5% fueron mujeres; en cuanto a la población que se autoidentificó como perteneciente a un pueblo indígena u originario de la Amazonía, el mismo censo indicó que 212 mil 823 personas se autoidentificaron como tal, número que representa el 0,9% de la población total censada, dentro del cual 107 mil 640 mujeres y 105 mil 183 hombres (INEI, 2018). Sin embargo, pese a que las mujeres indígenas representan un grupo significativo de la población peruana, aún carecen de mecanismos de participación específicos para ellas.

Asimismo, el hecho de que no haya información suficiente y detallada sobre los pueblos indígenas genera problemas al momento de identificar sus demandas y necesidades, problema que se profundiza más en las mujeres. En este punto es preciso señalar que la falta de mecanismos formales para su participación parte del Estado peruano, quien todavía mantiene una visión con fuertes componentes desindigenizados y masculinos sobre la cual se erige la forma de entender el gobierno, el desarrollo y las políticas, de manera que la diferencia es ocultada (Zambrano y Uchuypoma, 2015).

En esa línea, el presente artículo busca profundizar acerca de la participación política de mujeres indígenas, pues su relego como sujetas políticas es evidenciado a través de la falta de reconocimiento como mujeres y como indígenas por parte del Estado y la sociedad, lo que se traduce en la ausencia de mecanismos formales que les permitan ejercer su derecho a la participación política de forma plena. Para tal fin, se han planteado dos interrogantes: 1) ¿Cómo se desarrolla la participación política de mujeres indígenas en las comunidades?; y 2) ¿Cómo se desarrolla la participación política de mujeres indígenas a nivel de organizaciones? El objetivo de la primera pregunta es comprender el desarrollo de la participación política de mujeres indígenas dentro de sus comunidades y la segunda pregunta busca comprender la participación política que se da a nivel organizacional. Ambas preguntas nos permitirán identificar los factores que limitan su participación en ambos niveles, así como las acciones que ellas emprenden para contrarrestar los limitantes existentes. Los resultados nos brindarán una mejor visión de la situación actual de las mujeres indígenas respecto al ejercicio de su participación, lo que puede ser tomado como diagnóstico para poner en marcha acciones que las incluyan en política de manera real y no meramente formal.

Es preciso resaltar que las autoras no pretendemos hablar en nombre de nadie, ni ser portavoces de las experiencias de grupos excluidos como lo son las mujeres indígenas, pues somos conscientes de que nadie más que ellas conocen a cabalidad su situación. Lo que se busca es dilucidar una problemática largamente ignorada a través de la revisión bibliográfica referida al tema y una metodología participativa donde las mismas mujeres indígenas intervienen en el proceso de elaboración del artículo. Para lograr ello, se realizó una entrevista a la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Melania Canales. Esta organización, que inició su proceso formativo en 1995 y se constituyó legalmente en 2010, está conformada por pueblos indígenas de las regiones de la sierra y la selva del país. La información recogida en la entrevista forma parte del cuerpo del artículo, logrando así un diálogo entre las investigaciones académicas citadas y las experiencias empíricas de las mujeres indígenas en referencia a la participación política y pública.

2. Participación de mujeres indígenas en las comunidades

En un primer nivel, la participación indígena dentro de la arena pública se da a través de organizaciones comunitarias de corte reivindicativo. La identidad y el reconocimiento constituyen el núcleo de lucha alrededor del cual se configuran las banderas de los grupos asociativos. Sin embargo, las relaciones de etnia y política también se dan en relación a las cuestiones que impactan específicamente a las mujeres. En ese sentido, las relaciones de género desarrolladas al interior de las comunidades suponen una esfera de análisis amplia para la intervención de las mujeres indígenas en lo público.

La situación de la participación política de las mujeres indígenas es compleja. De acuerdo con Aguirre (2004, pp. 105), ello se debe a la existencia de una multiplicidad de factores que la limitan, tales como el alto grado de analfabetismo, monolingüismo, desnutrición y la carga de trabajo. Se añade, dentro de esos factores limitantes, el sistema de usos y costumbres de los pueblos indígenas debido a su fuerte incidencia en los niveles de participación de las mujeres de estas comunidades.

En esa línea, la cosmovisión indígena brinda las pautas para el actuar de los miembros de la comunidad estableciéndose como un conjunto de reglas no escritas que configuran el desarrollo de las relaciones sociales dentro de ella. Méndez (2009, pp. 60) señala que la cosmovisión de las poblaciones indígenas abarca nociones de complementariedad y equilibrio. Esta visión de complementariedad implica el equilibrio en las relaciones entre las personas y la naturaleza, una relación espiritual que forma parte de los valores de los pueblos indígenas.

En consecuencia, las mujeres y los hombres indígenas han representado al mundo en términos de dualidades y complementariedades enmarcado por la paz y la armonía. De esa manera, hombres y mujeres solo estarían cumpliendo los roles aceptados por su comunidad y su cultura. Sobre la base de esas nociones es que los miembros de la comunidad no perciben situaciones de desigualdad ya que la relación entre hombres y mujeres es respetuosa, sincera, equitativa, de balance y equilibrio.

No obstante, la realidad demuestra que esa dualidad es más simbólica que real. La revisión crítica que vienen realizando las mujeres indígenas las ha llevado a considerar la desnaturalización de las nociones de dualidad y complementariedad lo que deviene, al mismo tiempo, en la alteración de sus usos y costumbres permitiendo la existencia de problemas de desigualdad, violencia intrafamiliar y machismo y, por ende, la ruptura del equilibrio originalmente planteado. La raíz de todo, consideran ellas, es la invasión cultural al momento de la colonización que trajo consigo las creencias y prácticas occidentales (Méndez, 2009, pp. 58-59). El sistema colonial al cual las mujeres indígenas fueron sometidas generaron una explotación que las limitó a ser objetos. En palabras de la presidenta de Onamiap, Melania Canales, esta práctica sistémica fue reproducida por los propios indígenas, quienes excluyeron a las mujeres de espacios de decisión o participación.

Las mujeres indígenas juegan un papel importante dentro de los movimientos y luchas de sus comunidades, sin embargo, estas poseen un fuerte sustento androcéntrico lo que se manifiesta en la ausencia de demandas orientadas a buscar la equidad y la igualdad, hecho que se sostiene sobre la idea de neutralidad de género propio del multiculturalismo (Cumes, 2009, pp. 36). A ello se suma la subordinación de las reivindicaciones de las mujeres indígenas a las reivindicaciones de sus comunidades dictado por el sistema de usos y costumbres (Aguirre, 2004, pp. 109).

De acuerdo con Melania Canales, las mujeres indígenas consideran que el primer obstáculo que enfrentan dentro de sus comunidades es la oposición de los hombres a demandas pensadas exclusivamente para las mujeres. Bajo la justificación de que la defensa de derechos femeninos divide la lucha de los pueblos indígenas, las mujeres son apartadas de procesos de toma de decisión comunitaria como es la gestión y administración del territorio. Frente a esta exclusión estructural, las mujeres indígenas pertenecientes a Onamiap trabajan la modificación de normas internas en las comunidades, particularmente en el estatuto comunal que rige las interacciones durante las reuniones, para aumentar la incidencia política y asociativa de las mujeres al interior de los pueblos indígenas.

Junto con eso, Maldonado y Artía (2004) defienden que se empieza a compartir experiencias entre este equipo femenino que permita reconocer y dar paso a sentimiento de fuerza e identificación, y “hacer emerger en ellas ‘la necesidad de ser alguien, de sentirse alguien, tanto hombres como mujeres somos iguales, nadie es más ni menos'' (p. 528). Así, se demuestra que estos espacios de trabajo organizativo, como las asambleas comunitarias, generados para hacer frente a ambientes machistas, se convierten en redes de apoyo donde hay lugar para ejercer la solidaridad entre mujeres.

En segunda instancia notamos que estos también se forman a partir del liderazgo que las mujeres ejercen dentro de las comunidades y del hogar. Estos, resultado de la constitución de espacios comunitarios femeninos, han servido como mecanismos combativos contra ambientes y actitudes machistas de hombres de la misma comunidad. Así, Mantel (2016, pp. 2) sostiene que históricamente, desde la cosmovisión indígena, en las comunidades se ha determinado que el impacto del papel femenino tiene lugar fundamentalmente en el proceso del desarrollo comunitario, además de la vida familiar y agrícola. A partir de aquí, fue necesaria una lucha social para que algunos liderazgos femeninos comenzaran a emerger en la comunidad y en órganos estatales, lugares en donde los liderazgos masculinos predominan.

Así, dentro de estos casos, Mantel determina que estas mujeres sufren dos tipos de discriminación por su condición de mujer e indígenas, haciéndolas el doble de vulnerables. La autora explica que uno de los que ejercen esta discriminación es el Estado, desde que las presionan por dejar sus tierras, hasta que las llegan a alejar de estas por medio de actos represivos (2016, pp. 4). Sin embargo, Brusco comenta que este es uno de los factores que contribuyen con organizaciones y movimientos. En su investigación menciona que, a pesar del régimen neoliberal y sus tratos represivos que han tenido lugar por muchos años en Latinoamérica, la exclusión social ha ocasionado que se generan “construcciones políticas movimientistas, colectivas y emancipadoras” (Brusco 2020, p. 248) dentro de las cuales se encuentran organizaciones de mujeres indígenas que emergen por demandas de despatriarcalización.

Por otro lado, la organización responde a un funcionamiento particular del Estado, el cual se rige por normas cuyas lógicas se encuentran basadas en la exclusión sistemática de mujeres indígenas. Para Onamiap, su agenda ha sido invisibilizada y tal situación se ha institucionalizado a lo largo del periodo republicano a través de leyes y acciones funcionales a intereses particulares. Desde su perspectiva, las reformas emprendidas por la esfera estatal son resultado de un sistema diseñado para despojar a los pueblos de sus territorios, y con ello limitar la participación de mujeres indígenas y su agencia política dentro de sus comunidades.

Acerca de esto, se resalta la ausencia de enfoque de género en los procesos de Consulta Previa, sin garantías para que las mujeres indígenas puedan participar. Estos procesos, además, ignoran las prácticas o creencias culturales de las mujeres indígenas (Mantel, 2016, pp. 8), lo cual limita aún más la participación plena de estas mujeres en estos espacios. Entendiendo por esto que se imposibilita que las mujeres transmitan los problemas que creen importantes, por tanto, omitir sus opiniones en la toma de decisiones, Brusco (2020, pp. 249). considera que estas construcciones emancipatorias están relacionadas con las preocupaciones y activismos ambientales, temas que se limitan en el proceso de Consulta Previa por la escasa participación activa de mujeres indígenas.

Junto con el reclamo por la exclusión de temas vinculados a las mujeres indígenas, Onamiap considera que los mecanismos legales e institucionales implementados por el Estado individualizan las demandas de las mujeres. Las mujeres indígenas se ven parte de una comunidad cuyo desarrollo se basa en lo colectivo. Por ello, se llevan de la mano ambas demandas: por un lado, el énfasis en la transversalización del enfoque de género, y por otro lado la lucha por una sociedad pensada desde lo comunitario, haciendo referencia tanto a los territorios como a la participación de las mujeres dentro de espacios asociativos. Desde ese punto, los pueblos indígenas pertenecientes a Onamiap se desligan del camino planteado por las instituciones estatales: en lugar de poner en práctica una agenda particular, su trabajo se centra en la defensa de derechos individuales y colectivos a la vez.

Cabe resaltar que la autora también explica que el sistema patriarcal impuesto desde la colonia ha sido causante de esto al invisibilizar a la mujer, incluyendo actividades propias de participación. Esta patriarcalización ha causado también que la mujer se rija a ciertas tareas estereotípicamente femeninas, como el cuidado de los hijos u otras tareas dentro del hogar. Por tanto, las mujeres indígenas son consideradas como obstáculos en la organización de una comunidad (Mantel 2016, pp. 4), lo cual la fuerza a renunciar o a su vínculo familiar o a sus tareas en procesos políticos comunitarios debido a que el sistema patriarcal en el que coexisten considera inconcebible que se puedan ejercer estos dos de manera satisfactoria, pero igualmente consideran que el rol femenino impuesto no debe dejar de ser asumido. Así, con la imposición de roles y con el rol del Estado, se puede explicar la ausencia de garantías para la participación de mujeres en sus comunidades y en los procesos políticos comunitarios que busquen liderar.

3. Participación de mujeres indígenas a nivel de organizaciones

Las organizaciones femeninas indígenas aparecieron como actor político durante la década de los 90, en la que hubo múltiples levantamientos indígenas en América Latina. Pérez (2018) retrata esto en el caso de Ecuador, donde el proceso de creación de organizaciones indígenas en general empezó a gestarse desde movimientos campesinos o grupos evangelistas. En vista de esta nueva relevancia de lo étnico y cultural, se produjo tal articulación que permitió que diferentes organizaciones demanden al Estado su reconocimiento “a partir de su identificación específica, así como el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos” (p. 63), además de la necesidad de dar cuenta de las problemáticas étnicas existentes de estas organizaciones indígenas. Este es el caso de Onamiap, cuyos objetivos como organización se centran en la defensa de los derechos colectivos e individuales. El énfasis de su labor es dual, pues la lucha por los derechos de las mujeres está siempre vinculada a su pertenencia a pueblos indígenas.

En Onamiap, los procesos iniciales de constitución organizativa reflejan la necesidad de un espacio propio donde el diálogo entre mujeres sea posible. Discusiones sobre la violencia, la educación y el territorio son construidas desde la experiencia de las mujeres, y las líneas de acción pensadas para solucionar tales asuntos responden a una visión donde la agencia política de las mujeres dentro de sus comunidades aumente. En consecuencia, el trabajo anterior tuvo como resultado la generación de una serie de objetivos a largo plazo y una visión de comunidad con una amplia participación de mujeres. Sin embargo, una vez la agenda de las mujeres indígenas es definida, el trabajo debe ser exteriorizado en esferas que trascienden sus propios espacios. En ese sentido, organizaciones como Onamiap se enfrentan a actores fuera de sus comunidades, entre ellos el Estado.

La relación de las organizaciones indígenas con el Estado debe ser entendida como un terreno político tanto de disputas como de colaboración y acción conjunta. En el caso de las organizaciones de mujeres, la multiplicidad de las agendas y demandas que recogen son amplias, pues no solo incluyen el reconocimiento identitario e histórico sino también derechos políticos que han sido negados específicamente a las mujeres indígenas. En ese sentido, Montes (2011) distingue dos trayectorias distintas dentro de las organizaciones de mujeres indígenas con respecto al vínculo que establecen con la esfera institucional. Por un lado, aquellas organizaciones con interés explícito o implícito de formar parte del conjunto de actores políticos relevantes en el panorama formal. Debido a ello, se constituyen alrededor del Estado como representantes de las demandas de las mujeres indígenas. Esto tiene efectos normativos, pues la participación política de las mujeres se da a través de la formulación de leyes y mecanismos de discriminación positiva que favorecen su inclusión en la arena política institucional, sea en los poderes del Estado como en sus organismos.

Es aquí donde estas organizaciones indígenas, ahora solo de mujeres, antes de ingresar al aparato estatal, empezaron a dominar otras instituciones. Tal como mencionan Dixon y Gomez (2009), “las mujeres están empezando a participar en los lugares donde sólo los hombres querían estar siempre” (pp.39). Posteriormente y analizando el caso de Nicaragua, a partir de la la década de los 2000 las mujeres indígenas de algunas comunidades en relación al Estado han incursionado en los Gobiernos Regionales, donde han aportado con la creación de algunas instancias para la atención de la mujer (Dixon y Gómez 2009, pp.41). Sin embargo, si bien estas instancias son dirigidas a la población femenina, no tiene gran influencia en las comunidades indígenas, por lo que hay una falta de concertación de agendas políticas destinadas para las comunidades indígenas. Por consiguiente, según las autoras hay una difícil implementación de demandas de las organizaciones femeninas indígenas por falta de cohesión entre derechos femeninos y colectivos.

En el caso peruano, uno de los cambios implementados a nivel local y regional con el objetivo de aumentar la participación de indígenas fue la “cuota nativa”. En cambio, Onamiap resalta la falta de representatividad de estos líderes con los intereses de las comunidades de las que provienen. Las personas electas a través de este mecanismo electoral son indígenas, pero no pertenecen a los pueblos que la componen ni llevan consigo las agendas comunitarias que sostienen diversas organizaciones. Igualmente, Onamiap considera que las reformas institucionales aprobadas en la esfera nacional como la Ley de Paridad y Alternancia no benefician a las mujeres indígenas pues señalan que la presencia de más mujeres en el Parlamento no se traduce necesariamente en cambios para las más vulnerables. Por tanto, para las representantes de Onamiap el efecto práctico de las reformas electorales orientadas a ampliar la participación femenina es nulo.

Junto con el hecho de que no se pueda conciliar una agenda indígena en el Estado, Ventura (2017, pp. 337) destaca que las reformas estructurales y el modelo neoliberal han traído a diversos países latinoamericanos prácticas que legalizan la invasión y despojo de territorios indígenas bajo la justificación de la rentabilidad económica de estos. Para este despojo, el Estado empieza una relación de represión con las comunidades indígenas que protegen sus propios territorios. Esta represión se manifiesta expresamente en los delitos cometidos cuando hay manifestaciones indígenas y conflictos armados internos en los países latinoamericanos, donde las mujeres han tenido el papel más significante en la lucha contra la impunidad de estos delitos de lesa humanidad (Ventura 2017, pp. 341). Es así que junto a una falta de concertación de agenda política y con una fuerte represión estatal, las demandas de las comunidades indígenas, en especial las de mujeres, no se logran atender de la mejor manera.

Las integrantes de Onamiap resaltan que la interacción con el Estado se encuentra marcada por el conflicto y el desacuerdo constante. Debido a la naturaleza reivindicativa de su organización, el cuestionamiento de las acciones y la implementación de los planes públicos con un fuerte componente extractivista es la base del discurso de Onamiap. La conclusión a la que llegan en base a su experiencia es que, debido a esta disputa, el sometimiento es la única alternativa que tienen para ser escuchadas. En tanto colaborar con el Estado implica renunciar a la defensa de derechos colectivos, la organización considera que ocupar un espacio dentro de una mesa de diálogo con tales condiciones impactará negativamente en la propia lucha por la participación política de las mujeres indígenas.

Las organizaciones de mujeres pueden ejercer acciones separadas de la esfera formal. En este caso, las demandas responden a todas las agendas sostenidas por cada una de las integrantes, tanto por su condición de indígenas como por su condición de mujeres. Así, la frontera entre instituciones estatales y organizaciones indígenas es clara y la agenda que formulan es múltiple: desde asuntos políticos hasta lo concreto (Montes, 2011). En ese sentido, la institucionalización de las demandas conlleva a una mayor representación, pero también a una pérdida de autonomía. El cierre de espacios no formales limita los canales de transformación de las estructuras sociales que las organizaciones buscan realizar. El cambio proviene también de la movilización, espacio en donde es posible interpelar a las estructuras y presentar demandas formales a la vez sin perder los espacios ganados.

Paralelamente, la adecuación a la política formal fuerza a las organizaciones a privilegiar demandas acordes a la coyuntura política, pues esta es la que dirige la discusión pública. Esto se da en detrimento de las demandas estructurales del resto de integrantes que no forman parte de esta instancia de participación formal. Junto con ello, Meetzen (2007) menciona que las comunidades indígenas en América Latina cuentan con experiencias negativas en relación al trato con entidades estatales, lo cual merma la relación de confianza y legitimidad entre ambas. La falta de comprensión por parte del Estado para aplicar procesos de negociación y valoración democrática afecta la validez del interlocutor estatal, sea parte de un nivel nacional o subnacional.

Ante estas rupturas en relación Estado-organizaciones de mujeres indígenas, las segundas responden con organización autónoma centrada en reclamos sobre la autodeterminación y el reconocimiento de derechos políticos. Así, las demandas para la implementación de políticas indígenas o la presencia de cualquier tipo de actores intermediarios no son necesariamente compartidas por las comunidades. Por tanto, las organizaciones terminan por suplir al Estado y plantarse como espacios separados capaces de autogobernarse.

Onamiap se inserta en este segundo grupo de organizaciones, pues reivindica su autonomía del Estado y de otros actores sociales que buscan influir sobre sus agendas. Las mujeres de Onamiap se encuentran separadas de los puestos de poder político-estatal, los cuales consideran espacios donde las luchas como pueblos y mujeres se debilitan. La cooptación de organizaciones indígenas se basa en la individualización y el surgimiento de liderazgos particulares que los desvinculan de las demandas colectivas. A raíz de casos de organizaciones que fueron absorbidas por instituciones y/o actores políticos a nivel regional o nacional, Onamiap reafirma el carácter colectivo y crítico de sus integrantes frente a las acciones del Estado, sus funcionarios y las autoridades locales electas.

Conclusiones

Para muchos grupos poblacionales sujetos a una vulnerabilidad sistémica y una exclusión histórica, la esfera pública resulta un espacio hostil e inaccesible. En particular, las mujeres indígenas se enfrentan a múltiples dificultades en el ámbito político a causa de su doble condición como mujeres y como indígenas. En ese sentido, a partir de las experiencias de Onamiap como organización en el Perú, identificamos algunos factores que limitan el desarrollo de la participación política de mujeres indígenas.

En un primer nivel, las mujeres enfrentan un machismo arraigado dentro de sus propias comunidades que las coloca en una posición subalterna a sus pares masculinos. El rol predominante de los hombres dentro de las instancias y el desarrollo comunitario fuerza a las mujeres a desarrollar actividades en un contexto de desigualdad. De la misma forma, la exclusión intracomunitaria es reforzada por el Estado a través de su diseño institucional, el cual es resultado de una sociedad basada en el racismo, el clasismo y la individualización de demandas. La agenda de las mujeres indígenas es desvinculada de su carácter colectivo y, con ello, apartada de las luchas por los territorios y la participación en espacios asociativos. En conjunto, sus demandas como mujeres indígenas son aisladas y su participación en los procesos de toma de decisiones es suprimida tanto por el Estado como por las comunidades a las que pertenecen.

En un segundo nivel, las organizaciones de mujeres indígenas como Onamiap surgen en forma de actores políticos cuyo énfasis es la defensa de derechos étnicos vinculados a su condición de mujeres. La constitución de un espacio conformado íntegramente por mujeres permite una discusión y problematización más compleja y profunda sobre asuntos que atañen a las mujeres. Es decir, frente a los obstáculos, las mujeres indígenas implementaron estrategias organizativas que facilitaron su participación política. Sin embargo, el carácter reivindicativo de los objetivos trazados a raíz de ese diálogo intercomunitario entra en conflicto con actores externos a la organización. En particular, el Estado interactúa con organizaciones que se autoreconocen como autónomas de la esfera institucional y de las reformas implementadas por instancias electorales. La representatividad y la mejora en las condiciones económicas y territoriales, dos puntos centrales dentro de la agenda de las organizaciones de mujeres indígenas, no son recogidas por el Estado. Por tanto, la actividad política de las mujeres indígenas –lograda en gran medida a través de organizaciones- se desarrolla en paralelo a otros actores políticos.

Por todo lo anterior, a través de la entrevista con la presidenta de Onamiap, podemos confirmar el relego de las mujeres indígenas como sujetos políticos por la falta de reconocimiento tanto por sus comunidades como por el Estado. De esta forma, el artículo pretendió dar luces que permitan implementar acciones directas que fomenten la participación política a través de la inclusión de esta población en los procesos sociales y políticos del país y el reconocimiento de sus organizaciones como sujetos políticos autónomos.

Bibliografía

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